El 8 de mayo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia presentó una ponencia con formulación de cargos contra la campaña del presidente Gustavo Petro. Esta investigación, liderada por los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, se centra en pruebas documentales y contables que podrían demostrar la violación de los topes de financiación en la campaña presidencial.
La oposición colombiana, sin embargo, insiste en que esta medida del CNE es independiente del juicio político que podría iniciarse en la Comisión de Acusaciones del Congreso. Pierre Onzaga, una figura destacada de la oposición, explicó que, aunque ambas investigaciones están relacionadas con la posible financiación ilegal y sobrepaso de límites de campaña, se trata de procesos distintos.
En este contexto, Onzaga recordó que, el 27 de febrero de 2024, la Comisión de Acusaciones emitió un auto en el cual solicitó al CNE pruebas sobre la violación de topes por parte de la campaña de Petro. En respuesta, el CNE envió documentación en marzo, con la cual la comisión puede avanzar en un juicio político, sin necesidad de esperar la resolución del proceso del CNE.
La oposición enfatiza que la Comisión de Acusaciones tiene autonomía para llevar adelante un proyecto de acusación contra el presidente, el cual podría ser dirigido a la plenaria de la Cámara de Representantes. Según Onzaga, si se demuestra la violación de los límites electorales, el presidente Petro debería abandonar el cargo en cumplimiento del artículo 109 de la Constitución colombiana.
Este llamado a la independencia y rapidez de la Comisión de Acusaciones pone en evidencia la presión que la oposición ejerce para que el Congreso avance con un posible juicio político, en un contexto donde el CNE y la Comisión de Acusaciones manejan procesos paralelos que, aunque enfocados en la misma campaña, apuntan a objetivos distintos: uno, la integridad de la elección, y el otro, la permanencia de Gustavo Petro en el cargo presidencial.
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