En medio del creciente debate sobre las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro, Onzaga cuestionó fuertemente la falta de avance en un juicio político en el Congreso, pese a que —según afirma— existen todos los elementos legales para iniciarlo. Citando el artículo 109 de la Constitución, argumentó que los congresistas tienen la capacidad de remover al mandatario por haber sobrepasado los límites de financiación de campaña, pero que han optado por «prevaricar» y actuar como «cómplices».
Onzaga advirtió que la falta de acción no solo representa una omisión constitucional, sino también un riesgo para la vida de los colombianos, al señalar las problemáticas de acceso a medicamentos y servicios de salud. Según él, permitir que Petro continúe en el poder hasta 2026 podría significar el deterioro de la salud y las pensiones en el país. “Es increíble que, teniendo el poder de aplicar la ley, prefieran mirar hacia otro lado mientras se sigue afectando la vida de millones de colombianos”, declaró.
La crítica también apuntó a la tibieza de los partidos políticos que, aunque han mostrado apoyo a las marchas de oposición, no han emprendido acciones concretas. «Los ciudadanos estamos indignados, ya que los congresistas usan el descontento popular y las marchas para ganar visibilidad mediática, mientras postergan cualquier decisión real hasta las elecciones de 2026», subrayó Onzaga.
Esta postura refleja el creciente descontento de sectores de la oposición, que acusan al Congreso de inacción ante las graves acusaciones contra el presidente, y reclaman medidas inmediatas que, según ellos, podrían revertir el curso político y social que el Gobierno de Petro ha emprendido.